El Tribunal Constitucional (TC) consideró que el proceso contra Keiko Fujimori vulneró derechos fundamentales, como el plazo razonable y el principio de legalidad.

Aunque la modificación busca dar mayor seguridad a los funcionarios, su efecto sería limitado: la Contraloría aún podrá sancionar si detecta irregularidades o negligencia en la gestión.

El fallo determinó que las empresas pueden requerir pruebas que acrediten el carácter obligatorio de una actividad sindical sin que ello suponga una afectación a la libertad sindical.

VOCES Y OPINIONES. Para evitar que el descontento se convierta en parálisis, resulta urgente recuperar la capacidad de diálogo, de pacto y de gestión en el país. Escribe Fernando Eguiluz, CEO de BBVA Perú.