La iniciativa planteaba originalmente que estas acciones no prescribieran, pero durante el debate se modificó para fijar un plazo de diez años desde el término de la relación laboral. De aprobarse, las empresas deberán conservar registros y documentación por un período más prolongado.

El súbito proceso de selección convocado por el Ejecutivo tiene bajas probabilidades de convertirse en una solución real a la falta de quórum en los consejos directivos de los reguladores.