El Derecho Laboral (que protege siempre al trabajador) se sustenta
en un dogma no necesariamente constatado: la intrínseca desigualdad
contractual entre empleador y trabajador. Ese dogma, implacable (y
a veces despiadadamente) aplicado en leyes generadoras de rigidez y
sobrecostos (SE 1025) alimentó a su vez lo que
llamo el mito del empleador maligno. Según éste, el empleador no
sólo tiene una ventaja natural frente al empleado, sino que además
irremediablemente abusará de ella.
Desde luego, ambas lógicas –la del dogma y la del mito– responden a
realidades históricas superadas hace muchísimas décadas: las de
economías industriales o agrícolas primarias. En una economía de
servicios –y más aun, en la sociedad de la información digital– han
devenido en una mera falacia.
No se me ocurre, por cierto, propugnar la sustitución del mito por
su contrario: el de un empleador intrínsecamente benigno. La clases
dirigentes en el Perú tienen un prontuario con demasiadas torpezas
y maldades históricas (a mí me molesta particularmente la
imbecilidad del amanerado racismo/clasismo limeño) como para que
puedan ser idealizadas sin incurrir inmediatamente en un ridículo
sonoro.
Empero, igualmente ridículo es presumir –sin admitir prueba en
contrario– el irremediable abuso del empleador, especialmente
porque hoy la competitividad depende principalmente del talento y
la creatividad del llamado “capital humano”. Ello constituye de por
sí un desicentivo a la explotación, pero la rigidez laboral –que
impide la competencia entre trabajadores, y por tanto el
descubrimiento del talento y la creatividad– constituye a su vez
una barrera para la competitividad.
Así como es muy fácil darse cuenta de la falsedad del mito del
empleador maligno cuando se es responsable de una planilla, tal vez
sea difícil hacerlo si uno no es empleador. El flamante gobierno
aprista tiene hoy el desafío histórico (y promesa electoral) de
manejar el Estado con sensatez y eficiencia. En ese sentido, debe
actuar por primera vez (ya que no lo hizo antes) como un empleador
preocupado por la competitividad y productividad de su gestión y su
personal. Enfrentado a sueldos a veces (no siempre) excesivos, a
burocracia inoperante, a sindicatos todopoderosos y recalcitrantes,
a trabajadores ineficaces cuando no deshonestos (piénsese en los
robos de laptops en las narices del personal de seguridad del
Congreso), el APRA no tiene empacho en anunciar medidas que
incluyen despidos, racionalizaciones, reducciones de costos, etc.
Es decir, precisamente aquello que la clase política demagógica
(incluyendo al APRA misma) siempre le reprochó al empresariado,
convencida de su malignidad.
Ahora que tiene que ser responsable y eficiente, tal vez el APRA se
convenza de la falsedad del mito aplicado al empleador privado y se
dé cuenta de la imperiosa necesidad de flexibilizar el régimen
laboral.
Gonzalo Zegarra Mulanovich
Editor
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