24 septiembre 2006

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El mito del empleador maligno

Edición SE1038 (24 septiembre 2006)


El Derecho Laboral (que protege siempre al trabajador) se sustenta en un dogma no necesariamente constatado: la intrínseca desigualdad contractual entre empleador y trabajador. Ese dogma, implacable (y a veces despiadadamente) aplicado en leyes generadoras de rigidez y sobrecostos (SE 1025) alimentó a su vez lo que llamo el mito del empleador maligno. Según éste, el empleador no sólo tiene una ventaja natural frente al empleado, sino que además irremediablemente abusará de ella.

Desde luego, ambas lógicas –la del dogma y la del mito– responden a realidades históricas superadas hace muchísimas décadas: las de economías industriales o agrícolas primarias. En una economía de servicios –y más aun, en la sociedad de la información digital– han devenido en una mera falacia.

No se me ocurre, por cierto, propugnar la sustitución del mito por su contrario: el de un empleador intrínsecamente benigno. La clases dirigentes en el Perú tienen un prontuario con demasiadas torpezas y maldades históricas (a mí me molesta particularmente la imbecilidad del amanerado racismo/clasismo limeño) como para que puedan ser idealizadas sin incurrir inmediatamente en un ridículo sonoro.

Empero, igualmente ridículo es presumir –sin admitir prueba en contrario– el irremediable abuso del empleador, especialmente porque hoy la competitividad depende principalmente del talento y la creatividad del llamado “capital humano”. Ello constituye de por sí un desicentivo a la explotación, pero la rigidez laboral –que impide la competencia entre trabajadores, y por tanto el descubrimiento del talento y la creatividad– constituye a su vez una barrera para la competitividad.

Así como es muy fácil darse cuenta de la falsedad del mito del empleador maligno cuando se es responsable de una planilla, tal vez sea difícil hacerlo si uno no es empleador. El flamante gobierno aprista tiene hoy el desafío histórico (y promesa electoral) de manejar el Estado con sensatez y eficiencia. En ese sentido, debe actuar por primera vez (ya que no lo hizo antes) como un empleador preocupado por la competitividad y productividad de su gestión y su personal. Enfrentado a sueldos a veces (no siempre) excesivos, a burocracia inoperante, a sindicatos todopoderosos y recalcitrantes, a trabajadores ineficaces cuando no deshonestos (piénsese en los robos de laptops en las narices del personal de seguridad del Congreso), el APRA no tiene empacho en anunciar medidas que incluyen despidos, racionalizaciones, reducciones de costos, etc. Es decir, precisamente aquello que la clase política demagógica (incluyendo al APRA misma) siempre le reprochó al empresariado, convencida de su malignidad.

Ahora que tiene que ser responsable y eficiente, tal vez el APRA se convenza de la falsedad del mito aplicado al empleador privado y se dé cuenta de la imperiosa necesidad de flexibilizar el régimen laboral.

   




Gonzalo Zegarra Mulanovich
Editor
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