Comenta el director

Nada que celebrar

Edición SE1022 (04 junio 2006)

Celebrar, según el diccionario, equivale a festejar, hacer fiesta. Y fiesta, a regocijo. ¿Quién –aparte, quizás, del casi 20% de peruanos que votó por él en primera vuelta– podría regocijarse con el triunfo electoral de Alan García? No hay que confundir, pues, el nervioso suspiro de alivio que acaso los lectores de SE exhalaron al enterarse de los primeros resultados, con una celebración.

Es un alivio que la democracia no esté en peligro, como por cierto estaría si hubiera ganado Ollanta Humala (SE 1018). Sin embargo, la democracia es una condición necesaria, pero no suficiente para el buen gobierno. Y aunque la coyuntura nacional e internacional, y la biografía del presidente electo hacen improbable que incurra en el desenfreno de heterodoxia de su primer periodo, su irredenta personalidad hace a la vez harto improbable que aproveche la inédita posibilidad que tiene ante sí de gobernar bien.

En efecto –paradojas de la vida–, el perpetrador de una de las mayores debacles de las que tenga recuerdo la humanidad (su hiperinflación es la única de esas magnitudes que no fue causada por una guerra) podría ahora comandar un gobierno verdaderamente formidable. Recibirá (como nadie) un país con indicadores envidiables y en pleno proceso de recuperación económica. Pero además –y acaso más importante que lo anterior– tiene la oportunidad y la legitimidad política para reconciliar al país, cuya división geográfica (reflejada en el mapa de ganadores por departamento) es manifestación de una historia conflictuada, en la que la modernidad ha sido privilegio de pocos y no regla general. Su oportunidad, pues, consiste en llevarla a quienes no la tienen.

Por desgracia, hay pocas esperanzas de que lo haga. Lejos de haber aprendido algo sustancial –como ha proclamado hasta el hartazgo–, García se niega tercamente a admitir que sus políticas económicas de los ochenta estuvieron mal per se, e insiste en que eran razonables en su contexto histórico. Peor aún, y acaso consecuencia de lo anterior, se resiste a desterrar de sus hábitos gubernamentales la defensa de oligarquías empresariales, sindicales y burocráticas. Así, ha anunciado el regreso a la trasnochada estabilidad laboral absoluta (enemiga número uno del empleo), ha declinado impulsar reformas sustanciales como la indispensable puesta en vigencia del Código Procesal Penal (lo que augura mayor corrupción policial e injerencia del Ejecutivo en la justicia), y ha anunciado la adopción de políticas sectoriales (léase privilegios mercantilistas para cierta casta de empresarios enemigos de la competencia). En general, más estatismo y menos libertades. Repito, nada que celebrar.

Aclaración: Pido sinceras disculpas por el error aritmético contenido en mi última columna. La población promedio por provincia no es 6,624 personas sino 140,305 y el promedio por distrito no es menos de 1000, sino alrededor de 13,000.

Gonzalo Zegarra Mulanovich
Editor
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